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IDEAS PARA UNA CONSTITUCIÓN PARTICIPATIVA

Chile vive un proceso como muchas similitudes con lo que está ocurriendo en España . Aquí publicamos las ideas del Historiador chileno Gabriel Salazar acerca de una nueva Constitución para Chile

Gabriel Salazar aboga por una real participación ciudadana a través de asambleas populares, la reindustrialización del país, un nuevo Código del Trabajo y educación pública gratuita.

El Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, propuso las denominadas “Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)”, que incluyen la conformación de distintas asambleas populares de gobierno local, nacionalización de recursos naturales, regionalización de inversiones públicas y privadas, estatización de algunos servicios públicos, elaboración de un nuevo Código del Trabajo y creación de un sistema educacional público gratuito.

El planteamiento, de 18 puntos, aparece en el documento “La vía popular y de los pueblos a la Constituyente”, difundido por el movimiento ciudadano “Democracia para Chile” y convocante al congreso preparatorio de la llamada Primera Constituyente Social, del 19 y 20 de noviembre en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso (en toma).  Precisando que se trata de “notas para la deliberación, para empezar a pensar el nuevo Chile”, dicha convocatoria hace un diagnóstico de la actual situación política y social del país, y entre sus propuestas incluye la del historiador social:

“Bases fundamentales para una nueva Constitución Política en Chile (Siglo XXI)

Documento propuesto por Gabriel Salazar, historiador.

1. La nueva Constitución deberá garantizar, en lo esencial, mecanismos efectivos de participación ciudadana, y autonomía relativa a las regiones del país en lo tocante a la administración de los recursos que generan.

2. En función de lo anterior, la nueva Constitución deberá estructurar un Estado que, de un lado, represente orgánicamente las asambleas locales (barriales, comunales y regionales) y de otro, los intereses generales de la Nación. Las primeras deberían estructurar unidades de gobierno barrial, éstas proyectarse directamente en la asamblea de gobierno comunal y/o regional, y ésta dentro de una Asamblea Nacional (que para estos efectos deberá ser el Senado) (ver Constitución de 1828).

Los segundos deberían estructurarse, principalmente, en el Gobierno Central (Presidente y Ministros) y en la Cámara de Diputados. Para la aprobación de los proyectos de ley, la cámara superior (determinante en última instancia) sería el Senado. Las intendencias deberían ser propuestas en terna por las Asambleas Regionales y elegidas por el Gobierno.

3. Se promoverá tres formas de organización ciudadana para los efectos de incidir en el proceso político: las asambleas locales (consejos ciudadanos), que rematarían su incidencia a nivel del Senado; los partidos políticos, con incidencia directa sólo en la Cámara de Diputados y la Presidencia, y las organizaciones sociales (incluye gremios y sindicatos), con incidencia directa en las asambleas comunales y regionales.

Se requiere un Código del Trabajo coherente y relacionado con el código social de la participación soberana de la ciudadanía en las decisiones pertinentes.

4. La participación ciudadana a través de asambleas y consejos tendrá incidencia directa en todos los asuntos y procesos con impacto en la vida local y regional, sean de tipo productivo, comercial, financiero, educacional y/o laboral. Estos asuntos y procesos serán determinantes en la configuración de la política nacional, interna y externa.

5. El nuevo Estado deberá realizar dos tareas históricas fundamentales:
a) desarrollar la producción (re-industrializando el país de una manera racional, en armonía con la naturaleza y sin desconectarse del todo del mercado mundial) y nacionalizar racionalmente la explotación de los recursos naturales (la participación del capital extranjero debe ser siempre minoritaria), y
b) establecer un sistema educacional público gratuito orientado a potenciar la recuperación de la capacidad productiva, industrial y tecnológica del país y formar ciudadanos participativos con conciencia de soberanía.

6. El nuevo sistema educativo público deberá ser financiado y supervisado técnicamente por el Estado (el cual no subvencionará, a ningún nivel, la educación particular y privada) pero definido y supervisado por la comunidad local (la cual controlará el desarrollo comunal).

La educación privada podrá existir y ser reconocida como un sector coadyuvante en la educación nacional, pero deberá financiarse a sí misma en todo lo que sea necesario. Quedará prohibida toda forma de lucro que se base en la educación y que haga de ésta un negocio.

7. Deberá dictarse un nuevo Código del Trabajo, que sea funcional a los nuevos planes de desarrollo productivo-industrial (contemplando el interés del empresario), que garantice la formación tecnológica del trabajador, un salario justo y el desarrollo de una carrera profesional.

Las asambleas regionales evaluarán el equilibrio, caso a caso, entre los intereses (utilidades) de las empresas privadas (locales) y los intereses profesionales del trabajador, para garantizar, a la vez, la reinversión productiva y el desarrollo social y local.

8. El nuevo Senado supervisará el funcionamiento y desarrollo del proceso educativo, y promoverá el control y supervisión del sistema educativo específico de las Fuerzas Armadas, que deberán educarse en el servicio pleno, en todos los ámbitos, del conjunto de la ciudadanía. Quedará expresamente prohibido que ellas se autoeduquen de modo sectorial (la familia militar), o en recintos extranjeros donde, eventualmente, se entrenen en lo que se ha denominado ‘guerra sucia’.

9. Se implantará, en todos los niveles de representatividad, la exigencia de que las asambleas ciudadanas constituyan sus acuerdos como ‘mandatos’, y designen a sus representantes como ‘mandatados’ para realizar expresamente esos acuerdos y no otros, a cuyo efecto se aplicará, en casos críticos, los mecanismos de revocación y juicio de residencia. No se elegirá ningún representante que no sea miembro reconocido de la comunidad local/regional o de la correspondiente asamblea de base.

Se evitará toda forma de profesionalización de la representación ciudadana.

10. Toda elección de representante, para asamblea o cargo nacional, deberá ser precedida por proceso de deliberación ciudadana, tanto para acordar el ‘mandato’ respectivo, como para elegir la persona adecuada. El voto individual, sin deliberación colectiva, carece de valor soberano.

11. El nuevo Estado deberá velar por el desmantelamiento de las formas más excesivas y monopolistas del modelo neoliberal. A este efecto, entre otras medidas, deberá procederse a regionalizar la reinversión de las empresas locales que operan como cadenas nacionales (por ejemplo, Falabella, Jumbo, los bancos o las Isapres, CODELCO, etc.), a cuyo efecto las asambleas regionales impondrán a las empresas respectivas las condiciones que sean necesarias para mantener en la región tasas de reinversión significativas, evitando el centralismo y el volcamiento de las ganancias al exterior del país.

12. El nuevo Estado deberá propender a renacionalizar, total o parcialmente, las empresas exportadoras que inciden en el equilibrio comercial y financiero de la economía nacional. En el mismo sentido deberán revisarse uno a uno los tratados de libre comercio que se han firmado durante los gobiernos de la Concertación.

13. El Estado Central o las Asambleas Regionales deberán hacerse cargo directamente de la administración de las empresas o servicios que se relacionan directamente con la vida comunitaria: el transporte público urbano, los ferrocarriles nacionales, la construcción de viviendas baratas, teléfonos y electricidad, evitando que se instale en ella el lucro privado, etc.

14. El Estado Central re-nacionalizará todos los fondos de pensión (en particular las AFPs y las ISAPRES), y procurará que los trabajadores cotizantes participen de modo decisivo en su administración, bajo la supervisión técnica del Estado Central y de las Asambleas Regionales.

15. Se mantendrá el Cuerpo de Carabineros en tanto función preventiva y de acción operativa en torno a delitos criminales. El Cuerpo de Servicios Especiales disminuirá su dotación y equipos y quedará sujeto a las determinaciones de las asambleas provinciales, no del Gobierno Central.

16. La Constitución garantizará, a todo nivel, la absoluta igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, particularmente en el plano laboral. Del mismo modo, se reconocerá como legítimas las opciones personales y privadas que se tomen respecto a las prácticas sexuales y a las relaciones de pareja.

17. El nuevo Estado chileno reconocerá a los pueblos indígenas del país en su condición de tal, y propenderá a restablecer su dominio usufructuario, en la mayor medida posible, del territorio original. Del mismo modo se reconocerá, para todo efecto, la validez de su cultura, economía y modo de vida. Deberán organizarse en asambleas comunales y regionales específicas y participar, desde esas entidades, en el Estado Nacional.

18. En política exterior se privilegiará, por sobre toda otra convención, la relación fraternal con los pueblos latinoamericanos, en una línea de integración progresiva (sobre todo en los planos económico y cultural) y superación programada de las fronteras rígidas heredadas del pasado. Eso implica superar y anular los recuerdos de guerras pasadas que constituyen obstáculos para la integración de hoy”.

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