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Estado de emergencia en España

David Lizoain periodista de Social Europe Journal , red perteneciente al famoso diario Inglés  The Guardian

“No podemos permitir que la fe ciega en la idea que los partidos tienden a alternar el poder nos oculte la necesidad de reconstruir una alternativa y llevar a cabo una segunda transición democrática. La receta más audaz para España es, a su misma vez, la más razonable: necesitamos una Asamblea Constituyente – una tabula rasa constitucional e institucional, en otras palabras – si queremos salir rápidamente de la depresión en la que estamos inmersos…”

El ejercicio actual más estúpido en España consiste en predecir cuánto durará la crisis, como si el país estuviera predispuesto a tolerar una tasa del paro por encima de un 20% durante otra década. No estamos viendo un estancamiento normal, si no que estamos ante una emergencia prolongada. La terrible crisis de la periferia de Europa no es políticamente sostenible. El hecho que hasta el partido griego de extrema-derecha, LAOS, haya abandonado al gobierno en lugar de aprobar aún más austeridad nos da qué pensar. Los gobiernos tecnocráticos en Italia y Grecia son un aviso que el estatus quo amenaza la democracia liberal.

La situación en España es espantosa, y va empeorando. Ni tan siquiera algunos acontecimientos positivos (una victoria de Hollande, una coalición rojo-verde en Alemania en 2013 o un BCE más relajados) serían suficientes para solucionar la situación tan drástica aquí en España, por no hablar de Grecia o Portugal. Nuestras instituciones actuales son incapaces de resolver las tres crisis en España (la muy conocida crisis económica, la crisis judicial y la crisis territorial) de una manera satisfactoria.

La crisis del paro es, con diferencia, el tema más importante para los ciudadanos españoles. El gobierno del PP está comprometido en combinar más austeridad con un intento de llevar a cabo una devaluación interna. Sus propuestas para el mercado laboral les sirven como la excusa perfecta para demoler unos sindicatos ya disminuídos. Su programa de austeridad sin tregua y sin remordimientos ya ha sido desacreditado por la realidad económica. Pero lo que realmente cuesta entender, es la idea que la economía Española recuperará su vitalidad si pagamos a dependientes que ahora ganan 800 euros al mes unos miserables 600 euros. Si los sueldos bajos fueran el camino al éxito exportador, Haití sería una potencia económica.

Los intentos equivocados de reducir los sueldos reales españoles nos están haciendo ignorar un tema más urgente: el exceso de deuda del sector privado. Nuestros sectores financieros y inmobiliarios son zombis. Nada vale lo que nos cuenta el sector oficial. Si no resolvemos el exceso de deuda privada, no volverá a fluir el crédito y la economía no crecerá lo suficiente como para restaurar el empleo a un nivel decente. La ausencia de una profunda reestructuración de la deuda privada (posiblemente combinada con un retorno a la peseta y la consecuente devaluación de la moneda), provocará que esta montaña de deuda privada continúe asfixiando la actividad económica de España. Podemos imitar a Islandia o continuar tomando el camino griego hacia el total colapso económico y social.

Cuando el PSOE y el PP modificaron la Constitución en agosto para imponer un techo de déficit mal pensado, especificaron que la primera prioridad de gasto para el gobierno sería satisfacer las demandas de sus acreedores. Proponer cualquier tipo de quita supone una ruptura con el orden constitucional.

El pésimo estado del marco legal español no se entiende como algo igual de urgente, pero eso no disminuye su importancia. La constitución moderna de España se negoció en un contexto donde el ejército todavía tenía su pistola encima de la mesa.La transición española reformó el ejército no-democrático de manera exitosa, pero permitió que los componentes del sistema legal franquista se reprodujeran libremente. Actualmente podemos contrastar como de un lado se permite que corruptos políticos del PP (y también el yerno del Rey de España) queden patéticamente sin castigos – en Madrid, Valencia, y las Islas Baleares – al mismo tiempo que se desbanca al juez Garzón. Con una mayoría en el Senado de un 60%, el PP ahora puede nombrar una mayoría de los jueces al Tribunal Constitucional directamente. Su ministro de justicia se está moviendo para consolidar esta ventaja a través de otros medios. Como en el caso de Hungría, tanto el estado de derecho, como la separación de poderes se encuentran amenazados en España. De nuevo, una regeneración profunda del orden constitucional sería necesaria para dotar a la democracia española de fundamentos más sólidos.

La tercera crisis toma la forma de unas crecientes tensiones entre un beligerante nacionalismo centralizador español y los diferentes nacionalismos periféricos. El deficiente marco constitucional complica la resolución de los complicados temas regionales y nacionales. La composición del sistema judicial es tal que una resolución del Congreso, combinada con un referéndum popular sobre el nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña eran inadecuados para alterar el marco federal. Jueces del PP eran capaces de tumbar mayorías parlamentarias y populares de manera altamente irregular. Hay que añadir a todo este conglomerado, el nuevo contexto en el País Vasco, donde se ha legalizado a la izquierda abertzale, y queda claro que las cuestiones nacionales están lejos de haberse resuelto. La independencia y nacionalidades de las regiones y la disolución del estado español no es la solución; eso no quiere decir que la configuración autonómica actual no sea un problema. Si no se resuelve, el estatus quo autonómico seguirá desestabilizando la política española.

El pleno empleo, el respeto por el estado de derecho, y un nuevo marco federal son demandas modestas. Zapatero hizo campaña a favor de estos tres temas al largo de su carrera política. El PP garantizará que España no consiga superar ninguna de las tres crisis, mientras que a la vez irá consolidando su control de las instituciones del país a la vez que las cosas vayan a peor.

Esperar un cambio en la mayoría parlamentaria, a solo tres meses de la victoria aplastante del PP, será demasiado poco y demasiado tarde. No podemos permitir que la fe ciega en la idea que los partidos tienden a alternar el poder nos oculte la necesidad de reconstruir una alternativa y llevar a cabo una segunda transición democrática. La receta más audaz para España es, a su misma vez, la más razonable: necesitamos una Asamblea Constituyente – una tabula rasa constitucional e institucional, en otras palabras – si queremos salir rápidamente de la depresión en la que estamos inmersos.

La crisis amenaza con dejar una generación de jóvenes españoles y españolas sin nada. La respuesta es un retorno a una política donde todo es posible.

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